Destapan escandalosa corrupción en la Jurisdicción Sanitaria III de Parral
La empresa facturó 430 mil pesos de venta de medicamento sin contar con licencia para hacerlo.
En un escenario donde la integridad y la ética en el sistema de salud deberían ser prioritarias, se destapa un escandaloso caso de corrupción en la Jurisdicción Sanitaria III con base en Parral, Chihuahua. Lo más alarmante de esta situación es la emisión de facturas por parte de una empresa de fisioterapia, Mi Fisio Centro Clínica de Osteopatía y Rehabilitación, que aparenta ser una farmacia.
Trabajadores del sector salud han alzado su voz para denunciar una serie de irregularidades que han estado ocurriendo en esta entidad sin que se haya tomado una acción adecuada por parte del Gobierno Estatal.
La trama involucra a directivos que aparentemente han estado recibiendo facturas de una empresa proveedora, por la compra de medicamentos. Esta denuncia también plantea serias preocupaciones sobre la relación entre el dueño de la empresa y altos funcionarios de la Jurisdicción, incluyendo la administradora.
Facturación Sospechosa
Los trabajadores de la salud revelaron que la empresa en cuestión, «Mi Fisio Centro Clínica de Osteopatía y Rehabilitación», emitió facturas por un valor total de $430 mil 007 pesos. Las facturas presentadas señalan que se trata de compras de medicamentos, aunque surgen dudas considerables sobre la autenticidad de la empresa proveedora y la legalidad de las transacciones.
Las investigaciones revelan que el proveedor en cuestión, Marco Antonio Ríos Rodríguez, no posee licencia para vender medicamentos, según la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Además, en lugar de usar la clave correspondiente a fisioterapeutas, las facturas utilizan una inexistente clave de farmacia. Esto plantea interrogantes sobre la procedencia y calidad de los medicamentos que se suministran a los pacientes.
La ruta del dinero
Lo más alarmante de esta situación es la sospecha de que la administradora de la Jurisdicción Sanitaria, mantiene una relación sentimental con el dueño de la empresa proveedora. Según las denuncias, la administradora retiene una parte de los fondos recibidos a través de estas facturas y transfiere el resto al jefe del sindicato de trabajadores de la salud a nivel estatal, así como al director.
Este entramado de corrupción parece haber ido en aumento con el tiempo, ya que se incrementaron a montos alarmantes, llegando a los $91,144 pesos. Esta práctica se asemeja a la de una «empresa facturera simuladora», que no solo es ilegal sino también profundamente inmoral.
Facturas detalladas
A continuación, se detallan las facturas emitidas por el proveedor ficticio:
15 de febrero de 2023 - Factura CRED-606 por $47,243 pesos.
6 de marzo de 2023 - Factura CRED-610 por $10,706 pesos.
25 de mayo de 2023 - Factura CRED-660 por $53,506 pesos.
25 de mayo de 2023 - Factura CRED-662 por $91,144 pesos.
27 de julio de 2023 - Factura CRED-700 por $66,022 pesos.
27 de julio de 2023 - Factura CRED-701 por $58,074 pesos.
27 de julio de 2023 - Factura CRED-702 por $48,480 pesos.
31 de julio de 2023 - Factura CRED-703 por $32,320 pesos.
7 de agosto de 2023 - Factura CRED-704 por $4,030 pesos.
24 de agosto de 2023 - Factura CRED-723 por $18,480 pesos.Salida del Doctor Osvaldo Aguilar
En investigaciones realizadas se sabe que dicho caso ya fue enterado a altos mandos del Gobierno Estatal en Parral, y en días pasados el doctor Osvaldo Aguilar, dejó su puesto como director, siendo él mismo quien oficializó su salida para regresar al centro médico de su adscripción. Al momento se que fue notificado de su salida la administradora Luz Adriana Salcido Valles, se ausentó de manera misteriosa, lo que genera especulaciones en torno al tema.
Cuestionamientos y temores de represalias
La pregunta que queda sin respuesta es cómo una empresa de fisioterapia se involucra en la venta de medicamentos a una institución de salud. Además, la falsificación de facturas y la falta de licencia plantean serias preocupaciones sobre la seguridad y la calidad de los medicamentos que llegan a los pacientes. Los funcionarios públicos involucrados en la aprobación de estas facturas deberán ser investigados a fondo.
Sin embargo, muchos empleados se sienten atrapados por el miedo a las represalias. La relación de poder y la protección brindada por figuras influyentes como el jefe del sindicato de los servicios de salud de Chihuahua dificultan que los trabajadores se atrevan a denunciar abiertamente estas prácticas corruptas.
La corrupción en la Jurisdicción Sanitaria, es un tema alarmante que pone en riesgo la integridad y la ética en el sistema de salud. La presunta complicidad de funcionarios de alto rango en este escándalo debe ser investigada a fondo, y aquellos que hayan cometido delitos deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Es imperativo que las autoridades estatales y federales tomen medidas inmediatas para esclarecer estos hechos y garantizar la transparencia, la ética y la calidad en la prestación de servicios de salud en esta región. La sociedad y los trabajadores de la salud merecen una respuesta a estas preocupantes denuncias.
